El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidades.

“Capítulo 3: Medidas para facilitar el trabajo y el empleo”

El derecho al trabajo decente de personas discapacitadas recomendado por la Organización Internacional del Trabajo – OIT -, busca que ellos aseguren, retengan y progresen en empleos adecuados y, en consecuencia, impulsen su integración o reintegración en la sociedad. De ahí que este ensayo se pretenda retomar los acuerdos y la forma de como actualmente se están dando estas oportunidades laborales, reconociendo los aspectos positivos y negativos.

Para empezar el convenio 159 de 1983, invita a las autoridades competentes a proveer y evaluar servicios de orientación, formación profesional, y empleo que sea adecuado y posible, para los discapacitados. Vale resaltar que este convenio fue ratificado en el 2002.

Surge la recomendación 168, donde se plantean una serie de medidas que brinden oportunidades de empleo sin discriminación alguna, como es el caso de eliminar gradualmente barreras físicas o arquitectónicas, trabajos flexibles y sobre todo que se fomente la participación laboral en la vida diaria; para lo cual se hace necesario servicios de empleo que orienten y acompañen el proceso de incorporación al mundo laboral, que incentiven la formación profesional mediante un aprendizaje flexible acorde al nivel de discapacidad, siendo esencial lograr que los empleadores se involucren directamente en este desarrollo, esto se puede dar por provisión de oportunidades de formación y empleo, a través de incentivos financieros y de otra índole. Para que sea una realidad es necesario la creación de programas educativos acordes a las exigencias actuales a nivel de empleabilidad.

Uno de los más frecuentes apoyos financieros es con los empleadores, es la estimulación ante la contratación de trabajadores con discapacidades, se hace con los subsidios salariales para cubrir el déficit en la productividad. Aunque se esta dando esta situación, el discapacitado teme emplearse, porque se ha dado que si se emplea y esta recibiendo pensión por su limitación, pierda el derecho, esto obligó a que algunos países tomasen medidas para garantizar que estas preocupaciones no actúen como un contra-incentivo para las personas con discapacidades al buscar empleo.

Una estrategia de empleabilidad para los discapacitados es brindarles apoyo económico para la creación de su propio negocio, donde se pueden desarrollar propuestas como ser exentas de contribuciones a la seguridad social, lo cual se hace en Italia. Se puede otorgar asistencia financiera a agencias del tercer sector a fin de que apoyen a las personas con discapacidades en la preparación y formación para el empleo.

Un estudio de la Comisión Europea, que examinó las políticas de empleo para personas discapacitadas en 18 países industrializados, no encontró ningún ejemplo donde los sistemas de cuota hubiesen alcanzado sus metas. Reconociendo los argumentos de que los sistemas de cuota producen recursos a partir de multas y gravámenes que pueden ser utilizados para apoyar otras medidas de desarrollo de empleo y que, en algunos casos, pueda no existir suficiente número de personas discapacitadas disponibles para permitir que los empleadores llenen sus cuotas.

En los últimos años se ha desarrollado una práctica de gestión de la discapacidad como medio para facilitar la contratación, el progreso, la conservación del empleo y la reinserción profesional de las personas en condición de discapacidad, para lo cual la OIT adopta en noviembre de 2001, un diseño para orientar a los empleadores de todos los sectores empresariales en la adopción de una estrategia positiva en el gerenciamiento de temas vinculados a la discapacidad en el lugar de trabajo. Dirigiéndose en forma primaria, a los empleadores, el documento señala que “los gobiernos juegan un rol esencial en la creación de un marco de política social y de apoyo legislativo, y en la provisión de incentivos para promover oportunidades de empleo para personas con discapacidades, promoviendo el empleo seguro y saludable, siendo este una de las mejores opciones para que los diferentes países apliquen estas orientaciones para el bienestar de sus ciudadanos y apuntar a una mejor calidad de vida”.

Seria entonces preguntarnos si estas propuestas se están cumpliendo o mas bien que clase de divulgación se esta dando para que la ciudadanía haga cumplir sus derechos. Como docentes, como agentes políticos es un compromiso social orientar, divulgar información que pueda proporcionar una calidad de vida a nuestros estudiantes.